Declaración Pública sobre discusión de Presupuesto de la Nación 2024: “¡Ni un paso atrás!, contra el negacionismo por la vía financiera y la eliminación de los sitios de memoria”

Frente al rechazo a algunas partidas presupuestarias del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP) y las condiciones de concursabilidad, que contiene y condiciona a Sitios de Memoria, reconocidos por el Estado y protegidos por Ley de Monumentos Nacionales, a 50 años del golpe de Estado civil militar, declaramos lo siguiente ante prácticas que quieren imponer el negacionismo por la vía financiera:

1. El Estado chileno tiene una obligación con la sociedad ante los crímenes cometidos por la dictadura: reconocer públicamente las violaciones a los derechos humanos, determinar la verdad de los hechos, impartir justicia, así como reparar a quienes fueron violados en su dignidad y derechos, y garantizar la no repetición de estos crímenes atroces.

2. La existencia de Sitios de Memoria, que ponen en conocimiento de la sociedad las violaciones a los derechos humanos, permite a las y los sobrevivientes y familiares de las víctimas el derecho a la memoria y promueve los derechos humanos entre las nuevas generaciones, promocionando y desarrollando programas de educación en DDHH, aportando a los derechos culturales, construyendo espacios de encuentro y generando puentes significativos entre el pasado y el presente; resguardando, recuperando y generando información que aporta a la no repetición, a la justicia y la verdad.

2. A la fecha distintos sitios de todo el país han logrado mantener sus puertas abiertas a toda la ciudadanía con limitados aportes del Estado que hoy se quieren eliminar. El Estado chileno NO puede retroceder, pues estaría atentando contra el principio de no regresividad de las medidas aplicadas para cumplir con sus obligaciones por las violaciones a los derechos humanos.

Ante este escenario, hacemos un llamado a las autoridades políticas, la sociedad y organizaciones de derechos humanos a atender y apoyar lo siguiente:

– La memoria y los sitios de memorias deben ser protegidos con políticas de Estado integrales, que no dependan del gobierno de turno y respondan a las políticas y marcos regulatorios en materia de DDHH internacionales reconocidos por el Estado.

– Los recursos asignados deben tener un carácter permanente y no concursable, que se desmarque de lógicas financieras que intentan silenciar, desviar e invisibilizar la importancia del trabajo de los sitios de memoria y organizaciones.

Finalmente, y como se pudo conocer públicamente en el discurso del Presidente Gabriel Boric al país, el presupuesto de la nación sí incluirá la tradicional asignación de recursos para los sitios de memoria, incluidos los del Estadio Nacional.